Municipio de Vallenar no ha justificado 108 millones pesos donados por Caserones y deberá reembolsar 30 millones utilizados en fiesta de funcionarios
Un lapidario texto de 20 páginas de extensión entregó la Contraloría General de la República, luego de una investigación realizada en algunas áreas de la Municipalidad de Vallenar. Se trata de un preocupante informe en donde se abordan, entre otros asuntos, una donación realizada por la Empresa Minera Lumina Copper, propietaria del proyecto Caserones, a la Municipalidad de Vallenar el año 2011, para iniciativas a ejecutar durante el 2012 y 2013
En esa oportunidad, dicho gobierno comunal habría recibido más de cien millones de pesos bajo el mecanismo de la “donación de privados” y con el objetivo de realizar actividades culturales, capacitaciones e iniciativas relacionadas con el emprendimiento. Sin embargo, y a pesar de que se materializara la firma de convenio por ambas partes, la investigación arrojó nulos resultados dado que desde el municipio vallenarino no se entregó ninguna boleta de este millonario monto ni antecedente alguno que acredite la realización de las actividades contempladas. Es decir, se desconoce por completo el destino de los 108 millones de pesos aportados por la minera, razón por la que, además, el informe advierte el inicio de un sumario administrativo para establecer responsabilidades en estos hechos.
El documento sale a luz pública el 26 de diciembre de 2016 luego que, durante varios meses, desde diferentes medios de comunicación locales se denunciara la situación, emplazando al alcalde Cristian Tapia Ramos a explicar el destino de estos voluptuosos recursos. La información también se solicitó en reiteradas sesiones del Concejo Municipal de Vallenar, algo a lo que, según muestran las propias actas del municipio, jamás se dio respuesta.
Pero no fue todo, ya que el informe del órgano fiscalizador también realizó diversas observaciones a la comentada y polémica fiesta realizada a los funcionarios municipales el 3 de Junio de 2016, en el marco del día del trabajador, la que tuvo un costo de $29.750.000 provenientes de las propias arcas municipales. En este caso en particular, Contraloría le solicita al alcalde Tapia REINTEGRAR a la municipalidad el monto utilizado en el jolgorio.
El texto señala que la ley prohíbe el uso de fondos municipales para desarrollar eventos de este tipo, dado que “no se relaciona con el cumplimiento de fines institucionales”. Por ende, es que la misma contraloría solicita “el reintegro de dichos montos a las arcas municipales en un plazo no superior a 60 días hábiles”.
Fuente y foto: Elatacameño.cl