Corte acoge recursos de protección contra sondajes ilegales de empresa minera Nueva Unión en el valle de Huasco

Recientemente la Corte Suprema ha acogido y dado curso – entre otros- a recurso de apelación interpuesto por agrupaciones defensoras de la Vida (Movimiento Socioambiental Valle del Huasco y Coordinadora por la vida del Valle del Huasco), tras que fuera rechazado el recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Esto significa que ahora será el máximo Tribunal del país quien tomará conocimiento de las denuncias de la comunidad respecto de la ilegalidad de los sondajes realizados por la empresa minera Nueva Unión tanto de Maitencillo, sector de Freirina, como de todos lo que la empresa ha realizado a lo largo de la Provincia y Valle del Huasco sin someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (al menos 193 sondajes), todos en lugares frágiles en donde también ya se han denunciado daños y contaminaciones, sobre todo afectación a aguas y crianceros. Conformándose Nueva Unión en una empresa en la que recaen infracciones por fraccionar su proyecto y eludir la legislación ambiental del país.

Las comunidades esperan que en esta instancia si se haga justicia, y todas las acusaciones sean confirmadas y que se tomen todas las medidas para restablecer los derechos constitucionales vulnerados como lo son a la vida, a vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación, a realizar actividades productivas y a la igualdad ante la ley, en especifico para las comunidades diaguitas y su derecho a la consulta indígena.

Cabe destacar -como las comunidades ya lo expusieron en un comunicado público anterior- a pesar de que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el Recurso de Protección ésta decidió mantener  la orden de no innovar o sea la paralización de los sondajes en toda la cuenca del Río Huasco hasta “una vez ejecutoriado el fallo”, o sea, hasta que haya terminado todo el proceso judicial en la Corte Suprema. Por lo que la empresa no tiene permiso aún de iniciar los sondajes ni en Maitencillo así como en los otros lugares. Para la comunidad, dicha decisión da cuenta de lo frágil y delicado del tema en cuestión que es lo que han defendido desde un principio. Y declaran “por algo la Corte de Apelaciones de Copiapó no quiso arriesgarse a levantar esta medida cautelar sin previa opinión de la Corte Suprema, entendemos que es porque las consecuencias medioambientales podrían ser graves e irreparables como lo hemos denunciando” y agregan “Este proyecto no tiene ni tendrá Licencia social, no queremos más megaminería devastadora en nuestro territorio, exigimos el derecho a desarrollarnos cómo queremos, un desarrollo que permita la vida de la Tierra y de nuestras próximas generaciones”.