Corte Internacional de Derechos Humanos revisará «deuda histórica» de profesores de Chañaral y Vallenar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra revisando, ayer 31 de mayo y hoy 1 de junio, los alegatos finales por el no cumplimiento del pago de asignaciones remuneracionales tras el traspaso a la educación municipal. El 20% de los docentes afectados fallecieron, por lo que serán representados por sus herederos.
Esta injusticia, mal llamada «deuda histórica» porque es más vigente que nunca, está a cargo de los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava es tramitado en el sistema internacional de justicia desde 2005, tras agotarse todos los recursos legales en Chile sin resultados.
“Se trata de 848 profesores y profesoras chilenas que durante casi 30 años han luchado para que se reconozcan sus derechos. Pretendemos que la Corte Interamericana, con asiento en Costa Rica, declare que el Estado de Chile ha violado gravemente sus derechos humanos porque no ha cumplido trece sentencias judiciales que obligaban a varias municipalidades, a pagarles por haber afectado sus derechos previsionales”, explicó al respecto Ciro Colombara.
Agregó que “en estas audiencias públicas declararán testigos, peritos y tanto la Comisión Interamericana, el Estado de Chile y nosotros, como representantes de las víctimas, expondremos los argumentos que, tenemos tranquilidad y certeza, terminarán dándonos la razón”.
Por su parte, Giampiero Fava recalcó que “la actitud del Estado de Chile para no dar cumplimiento a estas sentencias, no tienen justificación ni legal, ni constitucional, ni tampoco dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”.
“Esto se lo han hecho saber no solamente los municipios en su momento, ni el Poder Judicial al momento de dictar dicha sentencia que tienen carácter de firme hace más de 27 años, sino que también se lo han hecho saber los mismo parlamentarios a través de proyectos y de acuerdos que -en innumerables ocasiones- han instado al Estado de Chile a dar cumplimiento a dichas sentencias”, recalcó.
Dentro de las pruebas adjuntadas al proceso está el testimonio de 43 docentes, de los cuáles cuatro prestarán testimonio durante la audiencia.
Uno de los argumentos jurídicos indica que “se aduce que dichas sentencias establecieron montos que las municipalidades correspondientes debían pagar a los profesores por asignaciones de previsión social.
