Recién salido representante de Piñera en Atacama acusado por estafa.
Este martes los abogados Pedro Orthusteguy, Mauricio Daza, Valentina Horvath y Carlos Hidalgo, representando a la la Sociedad Contractual Atacama Kozan, presentaron en el Juzgado de Garantía de Copiapó una querella criminal por el delito de estafa en contra del ex Intendente de Atacama, Francisco Sánchez y de Rodrigo Albornoz, además de quienes resulten responsables como autores, cómplices y encubridores de este delito.
El escrito señala que Sánchez ingresó a la empresa en el año 2003, mientras que Albornoz lo hizo en 2005. Desde esa fecha a la actualidad ambos habrían tenido diversos cargos al interior de la minera. Desempeñando el ex Intendente el cargo de subgerente general entre 2010 y mediados de 2018. Rodrigo Albornoz, en tanto, asumió este cargo el 1 de octubre de 2018, tras el nombramiento de Sánchez como Intendente de Atacama.
Asimismo, en la querella se indica que «Durante el mes de febrero de 2019, representantes de los dueños de la empresa recibieron antecedentes de que los querellados, abusando de sus cargos y la confianza depositada en ellos, exigieron a diversos contratistas, sin autorización ni conocimiento de nuestra representada, que aumentaran artificialmente el precio de los contratos de servicios, obras y bienes prestados a SCM Atacama Kozan (…) A través de este engaño se causó un perjuicio que aún se está cuantificando pero que alcanza un monto equivalente a varios millones de dólares americanos.»
Tras ello la empresa habría realizado una investigación interna, que a la fecha que «ha confirmado la existencia de esta maquinación fraudulenta de los querellados para causar perjuicios a SCM Atacama Kozan», según consigna el escrito. Los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2018 y entre los gastos extra que se cubrirían con lo defraudado se encontraban el pago de los servicios básicos del domicilio, compras en supermercados y otras tiendas del retail y la mantención del vehículo, además de arreglos en la vivienda del ex jefe regional.
En la querella además, se indica que «el perjuicio ciertamente es superior a 400 UTM. Y si bien el monto específico deberá determinarse durante la investigación este es altísimo y podría bordear los 5 millones de dólares«.
La seremi de Gobierno de Atacama, María Francisca Plaza, señaló que «es una situación personal de Francisco Sánchez y a nosotros como Gobierno no nos corresponde emitir algún tipo de comentario. Como en todo orden de cosas, esperamos que la justicia haga su trabajo».
Cabe señalar que la empresa chileno-japonesa lleva más de 16 años emplazada en la Región de Atacama, específicamente en la comuna de Tierra Amarilla y se dedica a la producción y comercialización de cobre de alta pureza.
